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Si el fujimorismo cree ilusamente que se puede tumbar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como una respuesta política a las acusaciones contra Keiko, y por reabrir el caso Joaquín Ramírez, se equivoca.

Es verdad que tiene 72 congresistas (incluida de nuevo Vilcatoma) y que puede acusar constitucionalmente al fiscal o a los miembros del Tribunal Constitucional, pero también es verdad que el pueblo no es tan tonto y no se quedará tranquilo.

Vimos al congresista Salaverry en la televisión, explicando las razones por las cuales se acusa al fiscal de la Nación, y la verdad es que no demostró cuál fue la infracción a la Constitución; más bien sus razones de peso eran que, según una encuesta de Ipsos, la Fiscalía tenía un bajo porcentaje de aprobación. Argumento tonto, pobre y pueril.

También argumentó que la Fiscalía no investigaba a los consorciados de Odebrecht, es decir, Graña y Montero, JJ Camet, etc. Pero ya quedó aclarado que la investigación existe y está inconclusa. Ahora, en el supuesto negado de que los fiscales no estén actuando bien, ¿acaso no existe el CNM, que es el órgano autónomo al que le compete ratificar o destituir a jueces y fiscales?

En el año 2000, cuando apareció el video Kouri-Montesinos, el pueblo vio que se había equivocado al elegir ese Parlamento, salió a las calles y exigió nuevas elecciones; lo mismo puede pasar ahora si una mayoría abusiva da otro golpe de Estado.