Opinión

En defensa del TC

Columna Alberto de Belaunde

26 de Noviembre del 2017 - 08:15 Alberto de Belaunde

La acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional constituye un claro ejemplo de uso arbitrario de un mecanismo constitucional y democrático. A ellos se les acusa de “haber empleado un procedimiento procesal irregular”; sin embargo, tal procedimiento irregular nunca existió. Recordemos los hechos que dieron motivo a la acusación. Estos magistrados, a través de una actuación de oficio, declararon la nulidad de oficio de uno de los extremos de la sentencia del caso El Frontón. Este procedimiento de nulidad de sentencias se encuentra recogido en la normativa y ha sido reiteradamente reconocido en la propia jurisprudencia del Tribunal, dictada incluso por una diferente composición de magistrados. Además, la acusación vulnera de modo abierto las garantías provistas a los magistrados del Tribunal Constitucional. Estos, para el correcto desempeño de sus funciones, gozan de autonomía y de independencia, las cuales se traducen en la imposibilidad de que sean sancionados por las opiniones o los votos que emitan, así como en la prohibición de que otras autoridades se inmiscuyan en los procesos judiciales que tienen pendientes.Es por ello que, con esta decisión, mis colegas parlamentarios no solo han iniciado una acusación sin fundamento, sino además contraria al texto constitucional; pues están interviniendo directamente en una causa pendiente de resolución y que solo le corresponde a los magistrados del Tribunal. Esta decisión, además, debe verse libre de toda presión o condicionamiento político. Las decisiones judiciales pueden ser calificadas, debatidas, incluso criticadas; pero siempre deben ser respetadas. 

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