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El derecho a la protesta no debe confundirse con el libre albedrío para generar violencia. Esto no parecen entenderlo los manifestantes de Arequipa, quienes han tomado las calles convirtiéndolas en improvisadas barricadas.

Igual de cuestionable es la acción parcial de los fiscales de prevención del delito. En una jornada de protesta, una persona terminó con la mandíbula rota y los negocios apedreados. Las condiciones están dadas para burlar la ley.

Antes de buscar responsables sobre el origen de la queja social, se debería comenzar por restablecer el orden. Difícilmente una ciudad se prepara sola para dejar de trabajar -percibir dinero- y salir a tirar piedras contra quienes piensan distinto.

Los fiscales y la Policía deben reforzar su trabajo en conjunto para poner los reflectores sobre quienes fomentan la violencia en la manifestación. La detención y el posterior juicio de los revoltosos deberían significar un ejemplo del cumplimiento de las normas.

La protección pública tiene que enfocarse en las personas que quieren transitar libremente, que no están conformes con la manera de expresarse a pedradas y que buscan en el Estado el cumplimiento de sus derechos.

Por su parte, un pésimo papel están cumpliendo ciertos congresistas que, en medio de su revancha contra el Ejecutivo, azuzan a los manifestantes exigiendo la presencia del jefe de Estado en Arequipa. En vez de invocar a la calma, proponen el callejón oscuro siguiéndoles el juego a los quejosos.

Esperemos que en los próximos días de paro la violencia no tenga consecuencias fatales, que vuelva el orden en las calles y que se haga cumplir la ley sancionando a quienes esconden sus verdaderas intenciones de desestabilizar al país.