El país enfrenta, nuevamente, una grave crisis económica y política. Los principios de una República liberal como la fraternidad, solidaridad e igualdad no son parte de las relaciones cotidianas entre los diferentes sectores sociales del país. Son evidentes la discriminación, la desigualdad y la pobreza sin que se vislumbren propuestas reales para avanzar en eliminarlas, sobre todo con un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo absolutamente descalificados.

Avanzan rápidamente la concentración y el abuso del poder, orquestados desde el Congreso, especialmente por Fuerza Popular, modif icando la Constitución, debilitando más el Estado para controlar las próximas elecciones generales y terminar saqueando el país como sucediera durante la dictadura de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, entre 1992 y el 2000.

La rebeldía ha comenzado, los fiscales del Ministerio Público se han pronunciado, “exigiendo… al Congreso de la República, el respeto… a la Constitución…”. Por eso “convocan a la ciudadanía… a defender la democracia y el Estado de Derecho…” y “exhortan al Poder Ejecutivo” a observar los proyectos inconstitucionales del Poder Legislativo.

César Hildebrandt nos recuerda el artículo 46° de la Constitución que señala: “La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.

En un artículo anterior sostuvimos: “De no haber cambios, caminamos a… de pedir la renuncia de Dina Boluarte… a desconocerla”… “esta presidenta, ya no es presidenta”.

Estamos caminando en el límite y también al borde del precipicio. Se necesita la presencia del pueblo movilizado en las calles en defensa de la democracia y el país.