Tras la denuncia de la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso, nadie sabe nada al respecto. Las tiradas de pelota y lavadas de mano se han vuelto una constante desde que un programa de Willax alertó que desde la Oficina Legal y Constitucional, a cargo hasta hace poco del abogado trujillano Jorge Luis Torres Saravia, se estarían ofreciendo “servicios” sexuales.

En Alianza para el Progreso (APP), a cuya cúpula está ligado Torres Saravia, un poco más y nos dicen que no lo conocen. Desde las dos últimas presidencia del Congreso a cargo de apepistas, Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, lo mismo. En la Oficialía Mayor y en Recursos Humanos, sus responsables miran a otro lado, como si el principal implicado en este escándalo hubiera aparecido en el Legislativo de la nada.

Y para remate, Salhuana ha viajado a China mientras su barco se hunde en el mar del desprestigio por los sucesivos escándalos.

Es evidente que cualquier investigación interna en el propio Congreso, corre el riesgo de naufragar, pues queda claro que “otorongo no come otorongo”. Por eso, es el Ministerio Público el que debe tomar cartas en el asunto y dar una respuesta a los peruanos sobre el escándalo de la presunta red de prostitución.

No más sacadas de cuerpo ni lavadas de manos. El Perú necesita saber qué ha estado pasando en este asunto que estaría vinculado a dos asesinatos, y quiénes son los responsables.