No hay duda de que el Congreso continúa legislando, no para el bien común, sino para beneficio propio. La reciente propuesta de la Comisión de Constitución que permitiría a los parlamentarios realizar campaña política durante la semana de representación es una prueba más de este descarado uso del poder en favor de intereses particulares.

La iniciativa, que aún debe ser votada por el pleno, tiene altas probabilidades de ser aprobada, dada la cómoda mayoría que se ha mostrado más que dispuesta a blindarse según su conveniencia. De concretarse, los congresistas podrían usar recursos públicos para movilizarse por sus regiones, no para rendir cuentas, sino para promocionar su imagen con miras a la reelección en 2026. En otras palabras: dinero de todos los peruanos, financiando actos de campaña disfrazados de representación parlamentaria. Una maniobra legal, pero inmoral.

Lo más grave es que esta propuesta no nace de una necesidad ciudadana, sino de una confesión cínica. Algunos congresistas han declarado, sin rubor alguno, que enfrentan un “rechazo del 100%” y que están en desventaja para reelegirse.

La clase política, en particular el Congreso, es hoy uno de los poderes del Estado con mayor nivel de desaprobación. Y en lugar de actuar con prudencia y recuperar su legitimidad, insiste en decisiones que solo profundizan su desprestigio.