Cada vez que la presidenta Dina Boluarte abre la boca, la indignación crece. En lugar de ofrecer soluciones o mostrar liderazgo, agrava los problemas y profundiza el hartazgo ciudadano. Ante la protesta de los transportistas —víctimas de una ola de extorsiones y asesinatos sin precedentes—, la mandataria optó por el camino más fácil: echar culpas. “Esto no lo ha generado la presidenta ni el Ejecutivo ni el Congreso, viene de atrás”, dijo. Toda una confesión de impotencia. Si el presente no es su responsabilidad, ¿para qué buscó el poder? ¿No juró enfrentar los desafíos del país y resolverlos? Si no puede, debe dar un paso al costado.

Más insólita aún fue su recomendación a los transportistas: “No contesten las llamadas ni abran los mensajes” de los extorsionadores. Un consejo tan absurdo como peligroso. Si la estrategia del Gobierno para combatir la delincuencia es la indiferencia, estamos en serios problemas. Ignorar al crimen no lo hace desaparecer; al contrario, lo fortalece y lo normaliza.

Como si fuera poco, Boluarte intentó justificar el aumento de la extorsión diciendo que “ha subido porque la gente está denunciando más”. Una frase que pasará al archivo de los disparates políticos. No hay nada más preocupante que una autoridad incapaz de comprender la magnitud del caos que gobierna. Mientras las calles se llenan de miedo y la violencia gana terreno, el Ejecutivo sigue atrapado en la negación y la excusa.