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A nivel mundial, la pesca ilegal genera pérdidas que superan los $23,000 millones anuales. Esta cifra se traduce además en condiciones inhumanas para los trabajadores que laboran en ese rubro, en daños cuantiosos al medio ambiente, y en menores divisas e impuestos para los países donde se realiza esta actividad.

En el caso de Perú, los datos también son preocupantes. Según un informe de APOYO Consultoría, entre los años 2015 y 2017, se desviaron 400 mil TM de pescado para producir harina ilegal por un valor equivalente a $130 millones anuales.

En este escenario, una de las principales líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería es el combate férreo a la pesca ilegal, debido al daño que esta actividad provoca a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y a la economía del país.

Una muestra tangible es que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, pues -además de denunciar estos casos- hemos avanzado hacia la trazabilidad. Así hemos logrado que todas las plantas de nuestras asociadas cuenten con la certificación IFFO RS, que garantiza que la materia prima utilizada en la producción tiene origen legal.

Asimismo, nuestros asociados tienen el compromiso de no participar directa ni indirectamente en la gestión y/o trámite ante instancias judiciales para la obtención de resoluciones que contravengan el ordenamiento pesquero vigente.

El combate contra este enemigo público debe ser permanente. Aunque el Decreto Legislativo 1393 es un buen comienzo, ya que ha otorgado a PRODUCE, Fiscalía y Dicapi facultades de interdicción contra la pesca ilegal y el desvío de anchoveta, aún está pendiente ver cuánto se ha avanzado. Quedamos atentos.