A raíz del caso McDonald's se me vino a la mente un hecho curioso del Estado. Cuando una empresa del Grupo Distriluz, que brinda energía al norte del país, intentó promover la instalación del servicio “puesta a tierra”, un implemento de seguridad eléctrica para los domicilios, terminó empapelada.

En un país que intenta llegar a la orilla de la modernidad no puede ser posible que la mayoría de sus inmuebles no tengan un pozo de cable a tierra. Es más, que todavía haya viviendas que utilicen los antiguos “plomos” (alambres de cobre) en la palanca del sistema eléctrico. Esto, sin duda, ha ocasionado más muertes que cualquier desastre natural.

Lamentablemente, todavía existe la mezquindad del Estado de no ceder ante la modernidad. Uno de sus puntos flacos, qué duda cabe, es el sistema eléctrico en el país. Pero, si el propio Estado es un ente reaccionario solo nos quedará -con cierta frecuencia- lamentar las vidas que se pierden por una mala conexión eléctrica.

El Estado, a través de Distriluz, debería ser el encargado de propulsar la modernización del servicio eléctrico. Uno de esos puntos es motivar que toda nueva construcción, a cargo del empresariado, esté obligada a invertir en la seguridad de los ciudadanos que comprarán su vivienda.

Sumado a esto, cada municipalidad debe exigir que toda nueva edificación tenga el bendito pozo a tierra. Aquí, un punto aparte. Los funcionarios de las áreas de licencias, muchas veces corrompidos, ponen en bandeja la vida de los pobladores a cambio de unas cuantas monedas. ¿Quién fiscaliza esto?

Además, se debe promover que las antiguas viviendas puedan acceder a un sistema eléctrico moderno y seguro. ¿Cómo hacerlo sin que el propio Estado sea su propia piedra en el camino? Pues, bien, una alternativa es que haya una inversión compartida: la empresa y el consumidor. ¿Se atreverán o solo verán pasar los cadáveres?