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Luego del anuncio del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, de renunciar al cargo en la isla -un Estado Libre Asociado (1952) con estatus de autogobierno de los EE.UU.-, por el escándalo desatado al hacerse públicas conversaciones homofóbicas por chat entre el propio gobernador y sus asesores, la ira popular ha seguido incontenible, sirviendo de pretexto para acumular a las protestas, la grave crisis financiera boricua, calificada de bancarrota fiscal, y poner en la retina de la gente el asunto de constituir a Puerto Rico a la condición de Estado independiente. En una reciente columna, a propósito de los aprietos en los que se hallaba el gobernador Roselló, había recordado que en Puerto Rico, con 3.6 millones de habitantes, no se cuenta con un presidente porque la responsabilidad de la jefatura del Estado la tiene el Congreso de los EE.UU. de América por la denominada Cláusula Territorial de soberanía. El asunto de la vinculación de San Juan con Washington en el tamaño de dependencia jurídico-política, entonces, ha sido enorme desde 1952. Tal como lo anunciamos, como un efecto dominó a la estrepitosa caída del gobernador Roselló, están poniéndose en escena los sectores que propugnan que Puerto Rico se aparte totalmente de los EE.UU. y, en consecuencia, se constituya en Estado independiente. Es tal el cuestionamiento de las últimas horas, que ha sido revitalizado en el Estado que la inmensa mayoría de puertorriqueños reflexionen sobre la conveniencia de mantener el referido status. Entre las razones de peso para conservarla está el acto permisivo de contar con visa para ingresar en el territorio continental de los EE.UU. gracias a la Ley Jones de 1917. No creo que los separatistas vayan a lograr su cometido. Los puertorriqueños ya están habituados al sistema político estadounidense, cuyas directivas parten desde Washington, y su población, mayoritariamente joven, mira el espejo de la dramática crisis migratoria que viven muchos otros latinos en su deseo de llegar a los EE.UU. La crisis acabará y seguramente el gobierno de Donald Trump apoyará de muchas maneras para que no se altere la vinculación con esta nación caribeña. Conservar la sólida vinculación es una prioridad para ambos Estados, todo lo demás será siempre idealismo político.