El próximo 2 de octubre se elegirá nuevas autoridades regionales y municipales, aunque aún no se aprecia gran convocatoria ni interés, con el agravante que podría cancelarse la existencia legal de la mayoría de organizaciones políticas inscritas.

Una de las normas de participación electoral exige que las organizaciones políticas presenten candidaturas regionales y municipales en, por lo menos, dos tercios de las 25 regiones y la mitad de las 196 provincias del país. Varias no han cumplido con este requisito y podrían perder sus inscripciones.

Otro requisito que la mayoría de listas inscritas para las elecciones internas del 15 y 22 de mayo no cumplen, es la paridad y alternancia en su conformación. El incumplimiento conlleva la improcedencia de la inscripción, por lo que se reafirma la posible cancelación legal de estas organizaciones políticas.

Un aspecto poco difundido es la exigencia de la llamada paridad cruzada. Las cabezas de listas inscritas deben ser hombres o mujeres en condiciones de paridad, requisito imposible de subsanar si consideramos el límite del 20% de candidatos invitados, así como la obligatoriedad de la militancia inscrita de quienes encabecen esas candidaturas, al 5 de enero pasado.

El Congreso, a pesar de la ilegalidad de su actuación, aprobó la reapertura de los plazos de inscripción de listas para las elecciones internas, mereciendo el rechazo del Jurado Nacional de Elecciones. La ley es clara. Está prohibido modificar las normas electorales cuando ya está convocado el proceso electoral con etapas que pre concluyen, al vencerse los plazos legales intermedios.

El Congreso con esta ley ampliatoria ratifica la ausencia institucional y democrática en las agrupaciones políticas, colisiona con las normas electorales parcialmente modificadas y, la realidad de nuestra débil democracia es que caminamos a un entrampe electoral. Varias, sino la mayoría de organizaciones políticas, perderían su existencia legal.