En los últimos quince años, se han presentado una serie de actuaciones fiscales y judiciales que están desnaturalizando las instituciones jurídicas concebidas como excepcionales, debilitando así la confianza ciudadana.

Un claro ejemplo es el uso frecuente de la figura de prisión preventiva en casos de alto perfil mediático, donde lo extraordinario ha pasado a ser casi una regla. A ello se suma la flexibilización del principio de legalidad, colocando al Tribunal Constitucional en obligación de corregir decisiones de la justicia ordinaria que terminan vulnerando derechos; tal como ocurrió en casos emblemáticos que marcaron la agenda política reciente.

Esta politización es también inidentificable cuando el litigio deja Palacio de Justicia para trasladarse a los medios de comunicación. Las filtraciones de investigaciones que, en principio, deberían ser reservadas y las declaraciones públicas de fiscales y jueces terminan siendo una especie de “proceso paralelo” que condiciona la percepción ciudadana y el desarrollo de los juicios.

La independencia de la justicia no sólo se cumple cuando esta es autónoma del poder político, se cumple cuando los operadores de justicia actúan con prudencia, objetividad y respeto al debido proceso. De lo contrario, no sólo los agraviados son los investigados y procesados, sino los ciudadanos, quienes somos -a largo plazo- los verdaderos agraviados, quienes buscamos vivir en democracia.