Hace unos meses, el gobierno de Lula Da Silva otorgó asilo político a la ex primera dama Nadine Heredia. La polémica fue notoria, pues los delitos imputados son de naturaleza común y no política, cuestionando la base del asilo. No obstante, Perú otorgó el salvoconducto, permitiéndole continuar su proceso a distancia, con música de samba en el ambiente.Distinta es la suerte de Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, a quien México ha concedido asilo. En esta ocasión, el gobierno peruano ha decidido tomarse un tiempo para la decisión, enervando los ánimos y evocando el histórico asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre, que duró cinco años sin salvoconducto.El gobierno de transición de José Jerí, con el canciller Hugo de Zela, ha tenido mejor olfato político, llevando el tema a la Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar sentenciar en medio del álgido conflicto político interno.

Se pone a debate la necesidad de una actualización de la Convención de Caracas de 1954, crucial para evitar que malos políticos aduzcan fácilmente persecución política cuando se trata de una vulgar evasión de la justicia.

Si bien el delito de rebelión gozaría de mayor marco legal que el lavado de activos, lo que ha pesado es la tensión diplomática del gobierno peruano con México, contrastada con las sólidas relaciones con Brasil.Sabremos cómo termina el caso de Betssy Chávez; no obstante, por ahora le queda refugiarse en la embajada mexicana, lejos de los mariachis de la Plaza Garibaldi.