La inestabilidad política en el Perú exige reformas que devuelvan equilibrio al sistema. La experiencia reciente revela la urgencia de realizar al menos tres ajustes a nuestra forma de gobierno. Primero: prohibir la vacancia presidencial durante el último año de mandato, como contrapeso lógico a la restricción que impide al presidente disolver el Congreso en ese mismo periodo (artículo 134 CP). Esta medida busca evitar desequilibrios entre poderes y preservar la estabilidad democrática en la recta final del gobierno.

Segundo: elevar el umbral para la disolución del Congreso. En la actualidad, basta la censura o rechazo de confianza a dos gabinetes para activar esta facultad presidencial; sin embargo, retomar el estándar de la Constitución de 1979, que exigía tres censuras o rechazos de confianza, permitirá fortalecer la institucionalidad parlamentaria y atenuar la confrontación política como estrategia de desgaste mutuo.

Tercero: el acelerado deterioro de la institución presidencial evidenciado por las vacancias obliga a reconsiderar la duración del mandato (artículo 112 CP); es decir, reducir el periodo de cinco a cuatro años podría alinear mejor la dinámica política con las expectativas ciudadanas, facilitar la renovación democrática y mitigar el desgaste prematuro del liderazgo presidencial. Se trata de una propuesta que encuentra respaldo en el derecho constitucional comparado, donde mandatos más breves han demostrado ser eficaces en contextos de alta volatilidad política.

Son tres reformas que no resolverán todos los problemas de nuestro sistema sin sólidos partidos políticos en un Congreso fragmentado, pero son medidas concretas hacia una ingeniería constitucional más resiliente en el tiempo.