La detención preliminar, por siete días, de tres de los integrantes de la llamada “Muralla moqueguana”, como se conoce al círculo más cercano a Martín Vizcarra, junto a otros implicados en la contratación de Richard Cisneros en el Estado, hace que nos preguntemos qué tan necesaria ha sido esta medida de privación de libertad.

Detener de manera preliminar a un exasesor de Comunicaciones del presidente, a la exsecretaria general de Palacio de Gobierno y a la exasistente personal del mandatario como parte de una investigación por un caso como el denominado “Richard Swing” genera más preguntas que respuestas, salvo que haya aspectos más graves que aún no conocemos.

Está mal que el presidente y algunos ministros salgan a decir que “respetan la independencia de poderes, pero que creen que la medida es excesiva”. No les corresponde hacerlo. Sin embargo, los ciudadanos sí podemos plantear eso. Cuidado que estemos ante un exceso más del Ministerio Público, que en los últimos años se ha traducido en pedidos desproporcionados de detenciones preliminares o preventivas.

Últimamente al Ministerio Público no le ha ido bien en casos como Lava Jato y Cuellos Blancos. ¿Tratan ahora de mostrar eficiencia y rigor deteniendo a un grupo de exfuncionarios y a Cisneros? Cuidado con eso.