El ministro de Economía, Elmer Cuba, viene explicando las acciones que el gobierno de Keiko Fujimori llevará a cabo para sanear las cuentas fiscales y apuntalar la productividad laboral. Una de ellas es llevar al Tribunal Constitucional (TC) cuatro normas que considera inconstitucionales e insostenibles fiscalmente.

Se trata de la ley de pensiones de maestros, que costaría al menos S/ 8,000 millones anuales; la reforma del régimen de militares y policías, S/ 46,000 millones en valor presente; el CAFAE, S/ 2,621 millones al año; y las gratificaciones CAS, otros S/ 3,000 millones. En conjunto, amparado en un fallo del TC del 2022 que le abrió la puerta a la iniciativa de gasto, el anterior Congreso dejó obligaciones permanentes por S/ 11,400 millones anuales. Si el gobierno no actúa, el déficit subiría de 1.8% a 3% del PBI en 2027.

Lo que Cuba no dice es que Fuerza Popular fue la primera minoría del Congreso que aprobó estas normas. Ahora, desde el gobierno, quiere desactivar la bomba que ayudó a encender. Es válido, pero la autocrítica debería ser parte del diagnóstico.

Es urgente revisar estas normas porque el país necesita liquidez para enfrentar los estragos del Niño Costero y el Niño Global que ya se vienen sintiendo. El TC debe actuar en consecuencia y el nuevo Congreso también debe ser más responsable que su predecesor. Recuerden que el dinero para pagar estas normas sale del bolsillo de todos los peruanos.