La experiencia de los primeros cien días del gobierno de Pedro Castillo sugiere, con marcados trazos, la inexistencia de un plan para resolver la crisis del país que hoy está en llamas. No solo estamos en la misma situación de inestabilidad política y económica que se heredó, sino que esta se ha empeorado, principalmente por la falta de liderazgo del jefe de Estado para tomar decisiones con la firmeza que corresponde. Además, por la incapacidad de reaccionar ante los peligros que acechan, como por ejemplo, la escalada de los conflictos sociales en diversas regiones del Perú.

El desarrollo de las protestas en el interior del país ha alcanzado contornos violentos, que requieren con urgencia una política coherente e integral de enfrentamiento a este problema. Tiene que haber mano dura contra los que atentan la propiedad privada y siembran el terror. Solo generan caos, que al final afectará más a la economía de los peruanos. La violencia no es un remedio sino una maldad, la cual puede esparcirse sin límites si el Ejecutivo mantiene la inacción. El terrorismo comenzó así en los años ochenta.

El presidente Pedro Castillo tiene una gran responsabilidad en la evolución de estos hechos, ya que no encontró con rapidez soluciones para cumplir su papel en defensa del Estado de derecho y la paz social. Por ello, ha sido arrollado por las adversidades.