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Los frecuentes destapes de actos de corrupción están marcando la vida política del país. El último capítulo de los escándalos por el caso “Lava Jato” pone en evidencia que las empresas brasileñas OAS y Odebrecht pagaron 3 millones de dólares por publicidad y asesorías en la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Si a esto le sumamos el allanamiento a doce viviendas de personas involucradas en este caso, sin duda continúa la desvalorización de nuestra clase política.

Que a la vulnerabilidad de nuestra economía, a los problemas de crecimiento y a la falta de respuestas para las demandas de la gente se le agregue el tema de la corrupción es un indicativo de que la situación se complica en todos los niveles.

No cabe duda de que estas nuevas revelaciones del empresario brasileño Valdemir Garreta, que implican a Susana Villarán, dejan traslucir la indolencia y las malas artes de algunos políticos. Estos se dedican a manejar el poder atendiendo solo a intereses personales y no a los de la mayoría.

Villarán eligió las redes sociales para dar su descargo y señaló: “No me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago”. Las investigaciones determinarán si esto es cierto o no. Lo más importante es que esto no acabe en un nudo de acusaciones.

Por lo demás, la tarea de las autoridades y de la clase política en general para revertir esta situación es exigir que se aclare todo cuanto antes y que no haya impunidad. Por otro lado, deben encarar las urgencias de los peruanos y comenzar a resolverlas.