El proyecto de ley que impulsa la Escuela Nacional de la Magistratura que incluye la Academia de la Magistratura y reemplaza la Junta Nacional de Justicia debe ser objeto de un detenido debate parlamentario. La independencia del sistema de justicia demanda instituciones alineadas con la finalidad de formar y nombrar de fiscales y jueces: la persecución del delito y la administración de justicia, respectivamente. Se trata de una reforma constitucional integral, la cual no sólo demanda el cambio normativo e institucional sino el empeño de clase política en el tiempo para no interferir con la realización del imperio de Derecho a todos y por igual.

Los fallidos intentos para la elección de magistrados con influencia política, sugieren que la judicatura se ocupe de su entera formación y nombramiento. Los abogados postulantes ingresarán a un concurso público para cursar una maestría de dos años. Los mejores desempeños meritocráticos cubrirán las plazas de jueces y fiscales, también se organizarán capacitaciones para ascender.

El sistema de evaluación será interno y sólo para aquellos jueces y fiscales que hayan cometido faltas de función, sin ratificaciones generales, en línea similar al modelo anglosajón: los jueces permanecerán en sus cargos mientras se comporten bien. Otro ajuste importante es la duración del titular del poder judicial por cinco años, tiempo para darle continuidad a su gestión, además de independencia para la preparación de su presupuesto anual aprobado por el Congreso. Una reforma no exenta de riesgos de copamiento ideológico en su interior, pero sin interferencias externas ni instituciones fuera del poder judicial.