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Existen en el Parlamento los llamados “proyectos de ley declarativos”. Como los congresistas no tenemos iniciativa de gasto para aprobar obras concretas, se aprueban este tipo de normas, que declaran “de interés nacional y necesidad pública” una carretera, un centro cultural, una hidroeléctrica. ¿Cuál es su consecuencia práctica? Ninguna, pues su aprobación no genera al Estado la obligación de ejecutarla.

Lo único que hacen es aumentar las legítimas expectativas de la población por una obra concreta, las cuales no se verán satisfechas, contribuyéndose así a incrementar la desconfianza en los políticos y las instituciones del Estado. Mientras esto ocurre, siguen esperando debate y aprobación importantes normas, como los proyectos de ley para evitar el lavado de activos en cooperativas, para alejar el dinero sucio de las campañas electorales, para proteger a minorías vulnerables víctimas de discriminación, para evitar la prescripción de abusos sexuales a menores de edad y un largo etcétera.

¿Y mis colegas congresistas qué opinan sobre esto? Sospecho que algunos están satisfechos con este escenario, pues al final del mandato publicitarán el alto número de normas que lograron aprobar, por más que sean meros espejismos legislativos. Lamentablemente, no somos conscientes de que, además de los problemas señalados, esto implica el uso ineficiente de los recursos públicos y un dispendio del dinero de los contribuyentes. De los cerca de 2500 proyectos de ley presentados en este periodo congresal, alrededor de 600 proyectos son “declarativos”.

Debemos terminar con estos espejismos legislativos. El trabajo de los congresistas debe tener como producto normas que tengan consecuencias reales, y que ayuden a solucionar problemas concretos.

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