El Congreso es un nido de contradicciones. Por un lado sanciona normas que permitirán juzgar como adultos y castigarán con penas de cárcel efectiva a menores que cometen crímenes violentos, como extorsión, sicariato, tráfico de drogas y más, pero por el otro aprueba leyes que son leves con las organizaciones criminales que reclutan a estos adolescentes en situación de vulnerabilidad para usarlos como armas.

La crisis de inseguridad tiene varias aristas, no es solo que los ciudadanos sean asesinados por negarse a pagar cupos. También comprende la facilidad con la que las organizaciones criminales que no son combatidas debidamente, pueden captar a menores para que cometan crímenes y violentos.

Sancionar con cárcel a estos últimos quizá ayude a bajar los índices de inseguridad, pero se debe ir más allá, pues nada será posible si en el Congreso hay bancadas y personajes que actúan como brazos políticos de mafias que están moviendo sus hilos para lograr la impunidad.

La lucha contra la criminalidad es una tarea integral, y si cada estamento del Estado, sea Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público o el sistema carcelario asumiera la responsabilidad para trabajar mejor en base a un plan, otra sería la historia.