Los políticos suelen justificar sus actos diciendo que responden al mandato del pueblo que los eligió. La pregunta que debería hacerse el Gobierno, el Congreso, y en general todas las autoridades democráticamente elegidas, es si realmente están actuando como esperarían aquellas personas que votaron por ellos. La respuesta de la mayoría de los ciudadanos es un contundente NO.

Las personas que votaron por PPK creyeron que un tecnócrata con sus conocimientos y capacidades sería capaz de hacer que el país diera el gran salto en su desarrollo, ejerciendo de manera eficiente, transparente y enfocándose en los principales problemas de la población. Por otro lado, el enorme respaldo que le dio el país a Keiko Fujimori y Fuerza Popular mostró la esperanza que tenía en que ella repitiera los logros del gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

La realidad política actual no puede estar más alejada de esto. La confrontación entre Gobierno y oposición está mostrando lo peor de ambos lados, echándose la culpa unos a otros de todo lo malo que pasa, y apropiándose de los pocos avances que vemos en el país. Las consecuencias de este comportamiento, dentro de la población, no son difíciles de prever.

Primero está la desaprobación -inevitablemente asociada a la desilusión- no solo de los gobernantes sino, probablemente, también del sistema democrático. Este sentimiento de desilusión en el sistema abre las puertas a reacciones y desenlaces violentos con los que la población podría estar de acuerdo, a pesar de que solo nos alejan del desarrollo y de la posibilidad de construir un país mejor.

No son pocos los que ven una alta probabilidad de que esta espiral de violencia, interpelaciones y control político termine en una vacancia presidencial o en la disolución del Congreso -caminos ambos nefastos, como nos lo demuestra nuestra propia historia-, avalados, sin embargo, por un pueblo decepcionado de sus gobernantes y la posibilidad de gobernabilidad.

No nos cansaremos de hacer un llamado a la reflexión a cada una de las autoridades democráticamente elegidas de nuestro país. Deben preguntarse si su proceder es el que sus votantes esperan, o si deben cambiar su manera de actuar, dejando de lado los mandatos del partido e intereses personales, para hacer honor a la responsabilidad que el pueblo les ha otorgado y sobre la que finalmente serán juzgados.