En diciembre pasado, se anunció la paralización de la obra del puente que uniría Miraflores y Barranco a través del corredor turístico. La construcción se detuvo abruptamente, perjudicando a miles de ciudadanos que utilizan la Bajada Armendáriz

Tras meses de preparación y de generar un desplazamiento superlento que afectó a miles de conductores y pasajeros, ocasionando perdidas de horas/hombre y dinero debido al tráfico pesado y caótico, los funcionarios a cargo decidieron paralizar la obra sin considerar todo el perjuicio causado y por causar.

El Estado debe servir a la sociedad, mejorar la calidad de vida y contribuir al bienestar físico y emocional de la población. Sin embargo, ninguna de estas premisas se cumple. En nuestra ciudad, las calles se cierran y las obras se paralizan, de la noche a la mañana, sin la menor consideración hacia los ciudadanos.

Mientras que por las noches la ruta se convierte en un calvario para miles de vehículos que solo cuentan con un carril de subida y otro de bajada, los funcionarios responsables de esta situación continúan laborando en sus respectivas entidades y cobrando sus onerosos sueldos por su pésimo desempeño, y lo peor es que esos sueldos son pagados por todos nosotros. Es decir, mientras miles de ciudadanos sufren un estrés extremo, estos funcionarios descansan tranquilamente en sus hogares, sin que la justicia los alcance por su negligencia y por el perjuicio causado. La impunidad blinda su ineficiencia, sentando un mal precedente para que estas situaciones se repitan sin que nadie se haga cargo del desastre. Esto deja a la población indefensa ante atropellos e injusticias que la llevan a cuestionar y desaprobar a las autoridades, al ver abusos sin consecuencias.

Este es un claro ejemplo del Estado fallido.