La visita del presidente José Jerí a Tacna para supervisar los controles fronterizos con Chile envía un mensaje claro: el Estado pretende recuperar el control frente al avance de la migración irregular. Su declaración de que ningún extranjero sin documentos ingresará al Perú marca un cambio de tono respecto a la pasividad que durante años permitió el ingreso desordenado y sin filtros de miles de personas. Esta vez, el gesto del mandatario se ha acompañado de acciones concretas para reforzar la vigilancia en la frontera.

La reacción del Ejecutivo no es casual. El ingreso masivo de migrantes venezolanos que el último lunes evadieron sin dificultad el débil control policial, evidenció las falencias estructurales del sistema. Ante ello, el Gobierno desplegó 160 efectivos y nuevas unidades policiales para reforzar el resguardo del límite internacional. Se trata de una medida necesaria, aunque tardía, para evitar que el desborde migratorio siga superando la capacidad de respuesta del Estado.

El contexto regional añade presión a la situación. Todo apunta a que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile, y ha anunciado la expulsión de más de 300 mil migrantes irregulares. De concretarse, este giro político podría trasladar la crisis hacia la frontera peruana. Por ello, el Perú debe mantener una vigilancia estricta dentro de su territorio para evitar un flujo desordenado que agrave la inseguridad ciudadana y genere tensiones sociales en las ciudades de acogida.