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Años atrás, vehículos de las diferentes entidades públicas, municipios, gobiernos regionales y otras dependencias, que se compran con los impuestos de los peruanos, tenían en las puertas el respectivo logo de la institución. Fácil era reconocerlos y se podía detectar si les daban el uso adecuado o indebido a los mismos. Sin embargo, en los años de violencia terrorista se dispuso que no era necesario colocar estos distintivos por el riesgo que corrían funcionarios y personal público que se trasladaba en dichos vehículos para sus tareas oficiales. Varios fueron asesinados por terroristas de Sendero Luminoso cuando viajaban en estas unidades públicas y eran presa fácil de emboscadas. Esos años pasaron y las unidades hoy no lucen ningún logo y por eso no se puede saber si este patrimonio público asignado para labores oficiales es bien usado o le dan otro fin para beneficio propio.

Sabemos de historias de funcionarios y autoridades que aprovechan los vehículos e incluso los usan para trasladar a familiares para casos particulares, lo cual está tipificado como delito. Lamentablemente, pocas son las denuncias que se formulan y no se castiga con severidad a estos personajes irresponsables.

El último fin de semana sorprendió la sentencia dada por un juzgado en contra del exalcalde de Tarma (Junín) César Olivos Laos, quien en el 2006 usó de manera indebida viáticos y el vehículo de la comuna para hacer un viaje particular a Arequipa. La Fiscalía de Tarma consiguió una sentencia de siete años de prisión para Olivos, quien hoy es buscado por la justicia.

Vale preguntarse: ¿acaso no es necesario que los vehículos públicos tengan su logo respectivo? Considero que sí, pues así se parará la mano a tanto conchudo que es autoridad y quiere hacer lo que le da la gana en el puesto.