El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, planea impulsar la “soberanía productiva”, a partir de, entre otras medidas, la sustitución de importaciones consideradas “estratégicas”. El planteamiento no es nuevo. Tampoco lo son sus resultados. Durante las décadas de los setenta y ochenta, el país aplicó una política orientada a reemplazar importaciones mediante altos aranceles, restricciones y prohibiciones. La intención era desarrollar una industria nacional fuerte y reducir la dependencia del exterior. En la práctica, ocurrió lo contrario. Entre 1970 y 1990, la economía peruana creció apenas 1.3% promedio anual, por debajo del crecimiento poblacional. La industria manufacturera, pese a los altos niveles de protección, registró un crecimiento promedio anual de solo 0.7%. Lejos de consolidarse, se convirtió en una estructura débil, poco productiva y sin capacidad de competir fuera del mercado interno. El costo lo asumieron los consumidores: productos más caros, de menor calidad y con menos opciones. La protección no generó eficiencia, generó dependencia. Empresas que sobrevivían no por su competitividad, sino por las ayudas del Estado. La evidencia es clara. Limitar importaciones no fortalece la industria; la aísla. Tampoco promueve innovación ni productividad. Por el contrario, retrasa la adopción de tecnología y reduce los incentivos a mejorar. El Perú ya recorrió ese camino. Perdió tiempo, oportunidades y bienestar. Volver a él, aunque sea bajo un nuevo nombre, implica repetir errores conocidos. Porque cerrar la economía no es construir soberanía. Es, en realidad, una falsa soberanía que el país ya pagó caro.