A la ya conocida lista de la vergüenza de las que esquilman a sus trabajadores en el Congreso, se ha sumado uno más: José Arriola, legislador de Acción Popular acusado de ser uno de “Los niños”, quien ha dicho con total desparpajo que no hay apropiación de por medio, sino entregas voluntarias de bienes de parte de sus empleados, que sirven para entregar a gente necesitada, esto gracias a la sensibilidad social de quienes trabajan para él en el Parlamento.

Este señor del que poco o nada se conoce a través de su trabajo legislativo, ya había saltado a la fama porque durante un allanamiento a su casa por parte de fiscales y policías que tienen en sus manos el caso “Los niños”, le encontraron debajo del colchón fajos de billetes conteniendo 71 mil 950 dólares y 33 mil 570 soles. Ahora, a través de Cuarto Poder, sabemos que había hecho firmar a sus empleados “convenios” para que hagan “aportes voluntarios” para “labor social”.

No hay duda que el Congreso se ha vuelto en terreno fértil para los “mochasueldos” que con toda seguridad se amparan en la impunidad de que han gozado sus antecesores en este tipo de prácticas ilegales. Recordemos que María Cordero ya había sido investigada en el pasado por una denuncia similar, pero todo se archivó, volvió a ser elegida y ahora ha sido nuevamente sindicada de quedarse con plata de sus empleados a los que les paga el Estado. Es la que hizo célebre la frase: ¡Vamos al cajero!

Hasta hace unos días teníamos en la lista de la vergüenza a Rosio Torres, Magaly Ruiz y María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP); a Heydi Juárez, de Podemos; a Katy Ugarte, no agrupada; y a María Cordero, de Fuerza Popular. Ahora está el “niño” Arriola, del partido de la lampa. Como vemos, hay de todas las bancadas y tendencias políticas. Para este tipo de ilícitos no hay distinción ni nada que los separe. Todos van unidos por la vocación por la apropiación ilícita de dinero que no les corresponde. Una verdaderas joyas.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debería instalar una oficina permanente en el Congreso, ya que –y no es ironía– se ha convertido en un foco de abuso y despojo contra los trabajadores que por largos meses optan por quedarse callados y someterse, para no perder sus empleos. De paso, todos los congresistas sinvergüenzas que sean denunciados, deberían ser puestos a disposición del Ministerio Público a ver si se les quitan las malas mañas. No hay otra.

(El Congreso) se ha convertido en un foco de abuso y despojo contra los trabajadores