Opinión

​Financiamiento de origen delictivo para organizaciones políticas

El Congreso aprobó el dictamen que incorpora un nuevo artículo en el Código Penal para tipificar el delito

10 de Diciembre del 2018 - 01:40 Rolando Sousa

Con un total de 66 votos de congresistas, pertenecientes a cuatro agrupaciones políticas y a no agrupados, el Congreso aprobó el dictamen que incorpora un nuevo artículo en el Código Penal para tipificar el delito de “financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas”.

Mucho revuelo ha causado su aprobación en un sector político cercano al Ejecutivo que pretende ver en su texto intenciones encubiertas de beneficiar indebidamente a políticos investigados por haber recibido aportes de campaña no declarados ni registrados, que podrían provenir de fuente ilícita, y que configurarían presumiblemente el delito de lavado de activos. Dicha aseveración es incorrecta. No existe tal protección, porque los aportes a los partidos políticos (como FP, pero también al partido de gobierno Peruanos Por el Kambio y otros partidos políticos más) que son objeto de investigación fiscal, según la normatividad legal sobre la materia al momento de ocurridos los hechos, constituyen una falta administrativa y, en la medida que se demuestre judicialmente su origen ilícito, este no califica como lavado de activos, dado que no se subsume al tipo penal establecido por el Decreto Legislativo 1106 (ver mi columna del 01/04/2018).

No se entiende cómo es que aquellos que han hecho de la lucha contra la corrupción su estandarte (a pesar de contar también con serios cuestionamientos sobre su participación en actos de corrupción) anteponen sus odios abrigados durante años contra el fujimorismo, sobre el que han lanzado una persecución (judicial) implacable, a la necesidad social de penalizar clara y concretamente las prácticas vedadas de financiar campañas políticas con dinero obtenido de actividades delictivas, que es la que se está penalizado con la nueva ley.

En ese sentido, creemos que ha reaccionado apresuradamente el presidente Vizcarra al anunciar, solo horas después de aprobada la norma, que procederá a su observación, sin expresar razones jurídicas (no hubiera podido, por lo demás, dada la inmediatez de la respuesta) que la sustenten. 

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