En diciembre de 2018, el expresidente Martín Vizcarra, convocó a una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, integrada por “destacadísimos intelectuales, politólogos de gran envergadura y respetabilísimos sociólogos”. Para Vizcarra, estos profesores (de la PUCP en su mayoría) estarían dotados de un entendimiento superior a la media, y le servirían de base teórica para la formulación legal de proyectos legislativos para reformas en nuestra Constitución. Una de las principales propuestas contenidas en la reforma política elaborada por esta distinguida élite intelectual, fue la de “Financiamiento de los Partidos Políticos”. La propuesta, defendía la impostergable financiación pública de los partidos, es decir, que se utilicen recursos del Estado para sostener económicamente y así financiar a las organizaciones políticas. Recién ahora, en 2026, vemos la catastrófica consecuencia de esta propuesta. El problema medular de quienes formularon teóricamente esta propuesta es que no comprenden los principios básicos del funcionamiento político: sociedad civil y sociedad política (el Estado) –ya lo advertía el politólogo Norberto Bobbio–, son opuestos, incompatibles y con intereses diferentes. Los partidos políticos forman parte de la sociedad civil, ¡no son órganos del Estado! La financiación pública de los partidos políticos es un error y un horror. Además, ¿por qué el contribuyente debe financiar a un partido político? ¿Por qué un banquero o un empresario poderoso debe sostener a un partido político comunista, que pretende expropiar su propiedad privada? Y viceversa, ¿por qué, un socialista convencido, debe financiar con sus impuestos a un partido de derechas?