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La alegría del fútbol entró en nuestras mentes y corazones; y muchos no percibieron el insólito retorno a los años noventa con un fujimorismo prepotente, que le ha puesto la puntería a las instituciones que no puede controlar.

El hoy fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, está muy lejos de la obsecuencia y del comadrazgo con Montesinos de Blanca Nélida Colán, la favorita que usó su alto cargo para cubrir los abusos y los crímenes de esa larga década. Pablo Sánchez -que fue coordinador y acusador en investigaciones y juicios a la mafia Fujimori-Montesinos- preside correctamente una Fiscalía que se atreve a investigar a la lideresa de los fujimoristas, así como a nada más y nada menos que a su financista y ex secretario general, Joaquín Ramírez.

Todo esto debe ser un paquete inadmisible para los naranjas, el cual se lo quieren cobrar mediante la denuncia constitucional que acaban de declarar procedente. Han acumulado la presentada por Daniel Salaverry por “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” con la de Yeny Vilcatoma por una supuesta infracción al artículo 159 de la Constitución, debido a haber designado a Hamilton Castro como fiscal encargado del caso Odebrecht -que hasta ahora no ha dispuesto una investigación preliminar para incluir a la empresa brasileña y a otras consorciadas a las que estaría blindando-.

Fuerza Popular apuesta con alto costo a desestabilizar el Ministerio Público. Keiko Fujimori proclama su inocencia y ataca a El Comercio. Su poca serenidad no se condice con la seguridad que pretende. Estamos ante un escándalo que deberá encontrar suficiente resistencia para no avanzar en la pretensión destructiva de una institución clave. Podemos no estar conformes con los fiscales que no siempre son brillantes ni coherentes; pero la institución está por encima de las revanchas. Solo queda esperar que las denuncias sean archivadas por la Comisión Permanente.