El comunicado del Ministerio Público que informa del archivamiento de la investigación sobre los abusos cometidos contra algunos miembros del Sodalicio, es solo un eslabón más a la cadena de cuestionamientos que en los últimos tiempos ha merecido con demoledora justificación este órgano clave en la administración de justicia. Hay varios botones en la sugestiva blusa de la Fiscalía que hacen que la ciudadanía la perciba como una señorita alejada de los cánones de la decencia. Uno de esos botones, no necesariamente el mayor, es el caso Ecoteva, que estalla en enero de 2013 revelado por Correo. En abril de ese año, el juez Abel Concha inicia su investigación y es por ello que en abril próximo la pesquisa cumplirá 4 años de avances y retrocesos, especulaciones y desvaríos, contradicciones y letanías. Supongamos que el caso es complejo y que merece el beneficio de la duda la versión de Alejandro Toledo de que su generoso amigo Josef Maiman le dio el dinero para la compra de su casa de Las Casuarinas, las oficinas de Torres Omega y el pago de la hipoteca de su residencia en Punta Sal. No obstante, todo ese virtual tinglado se desmorona con el hallazgo de depósitos de dinero hechos a Maiman desde las oscuras cuentas de Camargo Correa, información que la Fiscalía esperó que la prensa revelara para confirmarla. Desde entonces pasaron horas, días, semanas, ¿meses?, y el señor Toledo se fue del país, el pasado miércoles, campante, sin una orden de arraigo que al menos aparente que en el MP hay sangre en la cara, visos de indignación, indicios de tino. El fiscal Pablo Sánchez hace rato le debe al país una explicación más que coherente de lo que está pasando en el órgano defensor de los desvalidos y la sociedad civil. Hoy, en la comisión “Lava Jato”, es una buena ocasión para escucharlo.

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