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En buena hora que no triunfó esa campaña aprista-fujimorista que en el Congreso pasado quiso desacreditar la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que hoy da frutos tangibles sobre la labor de fiscalización contra algunos estafadores.

Recuerden que fueron ambos partidos los que se oponían a que opere la Sunedu, así como en paralelo protegían a la desprestigiada Asamblea Nacional de Rectores (ANR), ese club de amigos que tuvo como presidentes a Alberto Fujimori y a Orlando Velásquez, para que siga en funciones.

Aquella vez, los mismos parlamentarios que hoy le dicen no a la limitación de la inmunidad parlamentaria, tan igual como se oponen a la reforma política, criticaban que el legislador Daniel Mora impulse la Sunedu transgrediendo la independencia de las universidades públicas y privadas.

Aseguraban también que Sunedu se iba a convertir en un brazo de extorsión del gobierno de turno, que iba en contra de la educación para todos, que afectaba la inversión privada, entre otras tonterías que, felizmente, no calaron en la población.

El licenciamiento que exige Sunedu a las universidades es un filtro que favorece al alumnado, a los padres de familia y al Estado. A los primeros para que aprendan en ambientes adecuados y con profesores bien preparados: los segundos, para que no vean el fracaso de sus hijos al no conseguir un trabajo decente: y el tercero, lograr un mejor recurso humano para el desarrollo del país.

Esto ha conllevado a que algunas universidades basura tengan que cerrar para no seguir estafando a los estudiantes; mientras otras reducían sus ofertas estudiantiles por no ser de calidad (igual, estafas).

Sunedu no es perfecta, pero le ha abierto los ojos a la ciudadanía. Aún le falta constatar que aquellas universidades fiscalizadas cumplan con los plazos para reestructurase o suicidarse como institución; así como que el dinero que ingrese sirva para la inversión educativa y no política de sus accionistas. Queda mucho por hacer.