La alianza entre el Ejecutivo y el Congreso ha funcionado como un blindaje mutuo: la presidenta Dina Boluarte hacía y deshacía sin rendir cuentas, y el Legislativo se limitaba a mirar hacia otro lado, preocupado más por preservar sus cuotas de poder que por cumplir su deber de fiscalizar. ¿Esta situación cambió? Algunos dicen que sí, luego que dos votaciones de la Comisión de Fiscalización recomendaron la vacancia presidencial por incapacidad moral. Primero por el escándalo del “cofre”, y luego por la ausencia de la mandataria para someterse a cirugías estéticas, durante la cual presuntamente firmó documentos oficiales —o peor aún, alguien los habría firmado por ella. No solo hay sospechas de abandono de funciones, sino también de suplantación de firma en decretos supremos. Sin embargo, muchos sostienen que esto es solo una puesta en escena, puro teatro.

El asunto, inevitablemente, escalará al Pleno del Congreso. Y allí se verá si los parlamentarios están realmente comprometidos con la fiscalización o si todo ha sido una distracción para parecer justos sin serlo. Porque no sería la primera vez que vemos a congresistas encendidos en la denuncia durante las comisiones y silenciosos, incluso cómplices, cuando llega el momento de actuar con consecuencia.

Es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han demostrado que su prioridad no es el país, sino la supervivencia en el poder. Han intercambiado silencios por favores e impunidad por estabilidad.