En el Congreso de la República nadie parece frenar el populismo, y lo más probable es que continuemos por ese camino hasta las próximas elecciones generales del 11 de abril próximo. Lo último ha sido confundir la formalización con la alcahuatería.

El caso más relevante es la promoción de la ley que permite la legalización de los autos colectivos en rutas peligrosas solo por cumplir una insana propuesta de campaña congresal. De la mano de Acción Popular, los choferes han conseguido una dañina norma.

El problema no solo transita por el carril social, sino que también afecta a las empresas formales del sector: propietarios de ómnibus interprovinciales que se corrigieron y ahora prohíben que sus unidades recojan y bajen pasajeros en plena Panamericana por el peligro que significa. Tanta lucha por nada.

Con esta iniciativa parlamentaria se legaliza la competencia desleal de estos vehículos ligeros. No muy pocos pensarán que con la formalización del servicio se habrá logrado el objetivo de darle trabajo seguro a los choferes. Error. Lo más probable es que aumente la informalidad y la coima.

La realidad del transporte público en provincias no es tan lejana a la capital. Por ejemplo, los vehículos colectivos se sitúan cerca de las empresas formales para ofrecer sus servicios. En caso de ocurrir un accidente, obviamente que el SOAT no cubre porque no está en la ruta permitida. Habrá que pagar más. ¿Lo cumplirán?

En Piura, por ejemplo, las motos lineales son el transporte oficial de lo ilegal. Los mototaxis transgreden las normas ediles y nadie ha podido controlarlos. Pronto habrá algún candidato presidencial que empiece a formalizar estas unidades. ¿Por qué no promover un transporte público más seguro? Faltan ideas.