El debate sobre la franja electoral se ha desvirtuado hacia una narrativa de sospechas, conflictos de intereses y presuntas concertaciones privadas para beneficiarse de un recurso público. Ese debate distorsiona la realidad y termina dañando una herramienta clave para la igualdad democrática.

La franja electoral existe para equilibrar la competencia y permite que los recursos públicos se utilicen para contratar espacios en radio, televisión y plataformas digitales, garantizando que las 38 organizaciones políticas en carrera puedan difundir sus propuestas. Las contrataciones las realiza ONPE a los medios que el partido escoge entre un listado de proveedores que se prepara previamente y de manera pública. El partido no recibe dinero alguno. Son contrataciones directas pero se rigen por la Ley General de Contratación Pública y los pagos se realizan únicamente tras la efectiva prestación del servicio. Lo que no se gasta se va a un fondo de educación electoral.

Del presupuesto total, cercano a los 80 millones de soles, alrededor de 8 millones se destinan al ámbito digital, el resto se reparte para prensa radial y televisiva entre una asignación proporcional y otra según la representación parlamentaria obtenida en 2021, asegurando además un piso mínimo para los partidos sin presencia en el Congreso. El diseño apunta, así, a una exposición razonablemente equilibrada.

No obstante, comportamientos poco transparentes generan una percepción negativa que amenaza con deslegitimar el sistema. El problema no es la franja, sino quienes la instrumentalizan.La respuesta debe ser clara: sancionar a los responsables, fortalecer los controles y preservar un mecanismo que, bien aplicado, contribuye a una competencia más justa y a una democracia de mayor calidad.