La palabra fraude es la más repetida en el ambiente de las elecciones presidenciales: la pronunció Rafael López Aliaga días antes de los sufragios e hizo lo propio Roberto Sánchez desde su trinchera post segunda vuelta. Dentro de todo lo malo y riesgoso que significa poner en duda la transparencia de las instituciones electorales se puede rescatar la libertad de expresión de nuestros políticos, cuyos lamentos no son amordazados por dictaduras caribeñas. Y así es la democracia que debemos cuidar y también denunciar cuando haya indicios claros de engaño. Este no es el caso.

Fraude es la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, según la RAE. Y esa sencilla lectura nos trasluce lo que es a veces la política misma: el arte del engaño. Por ejemplo: promesas solo para ganar una elección; gestas fraudulentas para burlarse del público; acciones contrarias a la verdad; entre otras medidas utilizadas para, sencillamente, mentir entre la confusión del público. Y esto sí es lo que la democracia permite querellar con pruebas irrefutables.

Fraude es, por lo tanto, cuando un político promete acabar con la pobreza del país, pero comienza por enriquecer a su familia; cuando dice que invertirá los recursos públicos en mejores carreteras, pero al mes estas ya se están descascarando; cuando asegura gastar el presupuesto en obras y servicios de calidad, pero parte de ese dinero es para su bolsillo.

Fraude es, entonces, una palabra que se manosea en los rostros de los peruanos cada vez que estos van a un hospital y no encuentran medicinas, así como cuando sus hijos esperan al profesor que nunca llega o cuando no hay más puestos de trabajo dignos. Eso hay que demandarlo a quienes han prometido entregar un país en mejores condiciones. Desterrar el fraude de nuestros días debiera ser una misión paternal, no solo una excusa electoral. Felizmente podemos exigirla desde la democracia.