Han ocurrido dos golpes graves contra el ordenamiento institucional y democrático. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló el proceso disciplinario contra Patricia Benavides habilitándola para ser repuesta como fiscal de la Nación, y el Tribunal Constitucional (TC) anuló la destitución de Tomás Gálvez como fiscal supremo titular.

La intervención política del Congreso en la JNJ y el TC rompiendo el equilibrio de poderes es evidente, con lo que el deterioro estatal continúa, sobre todo, después de la aprobación de leyes que favorecen o encubren prácticas ilegales y/o criminales.

El Poder Legislativo controlado por una mayoría conservadora liderada por Fuerza Popular del fujimorismo en alianza con Alianza por el Perú (APP) de César Acuña, con Perú Libre de Vladimir Cerrón y otras fuerzas afines, tienen sometida a Dina Boluarte, presidenta de la República, por ende al Poder Ejecutivo.

Tras capturar el TC, la Defensoría del Pueblo y la JNJ, desde el Congreso pretenden controlar el Ministerio Público, los organismos electorales, y el Poder Judicial. Buscan mantenerse en el poder mediante elecciones fraudulentas.

Intentar reponer a Benavides como fiscal de la Nación, es anticonstitucional y viola la autonomía del Ministerio Público, pues según el artículo 158° de la Constitución, el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos.

Sufrimos el copamiento de poderes en el periodo fujimorista y pudimos superarlo. Es momento de reconstruir niveles organizativos sociales, desde la cuadra, el barrio y los propios partidos políticos para frenar esta destrucción del Estado.