El cuarto gabinete del presidente Martín Vizcarra, encabezado por Pedro Cateriano significa la determinación de la orientación política hacia los sectores empresariales en particular la gran minería en el país, reemplazando algunas veleidades populares de Vicente Zeballos como el impuesto a la riqueza, ya olvidado y enterrado.

Cateriano es un político con experiencia, elegido para enfrentar la próxima coyuntura política, en tensión por la crisis económica con recesión y desempleo que enfrentamos obligados por el desarrollo de la pandemia del coronavirus, agravada por la precariedad del sistema de salud pública pero, sobre todo, porque el Gobierno no ha sido capaz de distribuir el bono universal a la población ni tampoco capaz de frenar la especulación y el alza indiscriminada de precios, como en el caso del oxígeno.

La última protesta en Arequipa y las que se vendrían son señal de que la población eleva su movilización. El Gobierno lo sabe y elige a Cateriano, fiel creyente de la inversión privada, acompañado de ministros como Rafael Belaunde Llosa, de clara trayectoria empresarial minera y Martín Ruggiero Garzón “experto en disciplina de empleados y reducción de costos y personal”.

Nuevamente la “puerta giratoria” pero, más allá de ella, la presencia de estos ministros significa el endurecimiento de la respuesta desde el Gobierno a la movilización popular y laboral, que cuestiona cada vez más este modelo económico y la Constitución de 1993.

Los peruanos necesitamos un Estado y una Constitución que avancen en brindarnos estándares de calidad en educación, salud, empleo, infraestructura y seguridad alimentaria, y estas no son las preocupaciones centrales de Vizcarra, de Cateriano ni de su Gabinete. El tiempo lo dirá y no creo equivocarme, lamentablemente.