Opinión

Garantías para los buenos funcionarios

Luego todo culmina en los juzgados, donde la decisión concluye en detenciones y el negociado del tráfico de predios parece llegar a su término.

27 de Mayo del 2018 - 08:57 Editorial

Ir contra la corriente que ansía un Estado vencido por el lavado de activos, el narcotráfico y la coima resulta difícil y representa graves riesgos para la seguridad de quien decide hacer su trabajo sin ponerse la venda en los ojos, contrario a la mayoría.

Esa es la situación de buenos funcionarios públicos, entre ellos procuradores, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, en torno a invasiones institucionalizadas desde el aparato estatal regional, durante una década, por lo menos en el caso de la región Arequipa.

Como nunca, se ha visto el proceso de recuperación de predios ocupados ilícitamente. El hilo de la madeja empezó a jalarse desde la investigación policial, con seguimiento, escuchas telefónicas y captación de imágenes. Siguió en el decidido trabajo de las fiscalías especializadas, en el tedioso proceso de poner en evidencia a quienes lucran con el bien público, cobrando como cosa propia la venta de terrenos.

Luego todo culmina en los juzgados, donde la decisión concluye en detenciones y el negociado del tráfico de predios parece llegar a su término.

Una respiración profunda y el buen servidor estatal regresa a casa con la satisfacción del deber cumplido. Pero no puede conciliar el sueño porque las amenazas no cesan, y hasta osados traficantes de lotes salen a vociferar insultos sexistas. El dinero mal habido resulta suficiente para poner en riesgo la seguridad de todos, y es cuando deberían darse garantías desde el Estado.

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