Cuando discutimos el presupuesto público solemos concentrarnos en cuánto dinero tiene el Estado. La pregunta más incómoda es otra: ¿qué tan bien decidimos dónde ponerlo?

En 2026, la inversión pública representa alrededor de una cuarta parte del presupuesto nacional. De allí salen colegios, hospitales, comisarías, carreteras, irrigaciones y sistemas de drenaje. Es, junto con el gasto que mantiene esos servicios funcionando, una de las formas más concretas en que el Estado llega a la vida cotidiana. Pero antes de colocar un ladrillo existe una decisión política y económica: priorizar.

El Invierte.pe ordena el ciclo en cuatro etapas: programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. La lógica parece impecable. Primero identificamos las brechas, luego diseñamos la solución, construimos y finalmente operamos. El problema aparece cuando confundimos priorizar con repartir.

Tenemos 1.891 municipalidades, 26 gobiernos regionales, ministerios y numerosas entidades tomando decisiones de inversión desde sus respectivas competencias. Esa descentralización es necesaria. Sin embargo, la suma de prioridades locales no produce automáticamente una estrategia nacional, ni desarrollo, necesariamente.

Priorizar no debería significar elaborar una larga lista de necesidades y buscar presupuesto después. Debería significar escoger, secuenciar y articular inversiones sabiendo que los recursos son limitados.

Así, formular fichas técnicas y perfiles de pre inversión que, por ejemplo, nunca verán financiamiento. La realidad debe primar sobre el papel y el “inmediatismo” político.

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