La educación es una de las bases fundamentales para construir el futuro del país y, por ello, toda iniciativa que busque mejorar la convivencia escolar y elevar la calidad de la enseñanza merece una evaluación seria. El Gobierno de Keiko Fujimori ha ratificado que el nuevo reglamento de disciplina escolar es irreversible y ha anunciado la revisión de los próximos textos educativos para que se publiquen, según sus palabras, «sin ningún tipo de ideología». Ambas decisiones han generado polémica, pero el debate no debería quedar atrapado en las trincheras políticas. Las aulas necesitan reglas claras que permitan estudiar en un ambiente de respeto, así como materiales que prioricen el conocimiento, el rigor académico y la formación integral de los estudiantes.

Establecer normas de disciplina no significa desconocer los derechos de los alumnos ni imponer autoridad por la fuerza. Significa reconocer que el aprendizaje requiere responsabilidad, respeto a los docentes y condiciones adecuadas para enseñar.

Sobre la revisión de los textos escolares, los contenidos que reciben niños y adolescentes deben responder a criterios pedagógicos, evidencia verificable y pluralidad de perspectivas, no a intereses ideológicos ni a la visión particular de quienes ocupan temporalmente el poder. Una revisión bien conducida puede detectar errores, corregir sesgos y mejorar la calidad de los materiales. Para que ese esfuerzo tenga legitimidad, el Gobierno debe transparentar sus criterios, convocar a especialistas y docentes, y explicar públicamente las modificaciones.