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Hace unos días, el expresidente del Legislativo y congresista fujimorista Luis Galarreta advirtió a la comunidad internacional que se podría dar un golpe de Estado en el Perú.

La tensa situación entre el gobierno del presidente Vizcarra, el partido fujimorista y las autoridades judiciales puede terminar trayéndose abajo el sistema democrático. La anulación del indulto al expresidente Fujimori y la detención de Keiko Fujimori junto con sus más cercanos colaboradores desencadenaron un proceso de destrucción recíproca y han puesto en jaque al partido político que hasta hace poco demostraba su máximo poder.

Lo cierto es que la corrupción parece haber llegado a todos los niveles y estar presente en casi todos los partidos. El ensañamiento contra unas personas y la flexibilidad con la que se trata a otras que se encuentran con acusaciones similares desconciertan a la gente y sirven de argumento a los que advierten que existe una persecución política. Y es que la presunción de inocencia opera solo para algunos y quita legitimidad a todo nuestro sistema de administración de justicia. La venganza política y el ensañamiento contra algunos parecen imponerse al Derecho, y eso le hace mucho daño a nuestra institucionalidad. Nos gusten o disgusten algunos políticos, jueces o empresarios, todos tienen derecho a procesos judiciales independientes y debemos exigir eso por el bien de nuestra patria.