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El golpe del Ministerio del Interior a los 790 oficiales de la Policía que pasaron al retiro ha calado en el ánimo no solo de los agentes del orden, sino también de los miembros del Ministerio Público y de la sociedad civil. Al menos esa es la sensación que ha dejado en el norte del país, específicamente en Trujillo.

El tema es que varios de estos oficiales, entre coroneles, mayores y capitanes, han participado de la mayoría de los megaoperativos contra el crimen, de los mismos que se jacta ahora el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Y no solo eso.

Algunos miembros de la Fiscalía contra el crimen organizado, que trabajan a la par con los policías, han cuestionado esa decisión del Ministerio del Interior, porque puede generar retraso en las investigaciones a los miembros de las bandas criminales.

Lo que pasa es que al sacar a oficiales clave en desbaratar organizaciones delincuenciales, a la Fiscalía le costará tiempo trabajar con los sucesores en la Policía, porque no tienen conocimiento de la investigación preliminar.

Un caso particular es la baja del mayor Johny Zumarán, uno de los hombres que tras participar de la captura de los miembros de “Los Plataneros” recibió amenazas de muerte. Lamentablemente, ahora tendrá que afrontar su situación como un civil más.

Los criterios tomados por el ministro del Interior para darle de baja a los oficiales causan dudas en quienes se enfrentan en el llano a los delincuentes, como fiscales y los mismos policías; y también hay voces que tras el lamento creen que el hampa es quien se ve favorecido por este golpe. Veremos qué pasa.

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