Opinión

Graña y Odebrecht

Columna: LUIS ALFONSO MOREY

16 de Noviembre del 2017 - 07:00 Luis Alfonso Morey

La inclusión de Graña y Montero en los alcances del Decreto de Urgencia N° 003-2017 ha desatado una guerra entre dicha empresa y Fuerza Popular. La empresa constructora más poderosa del Perú se enfrenta hoy al partido político que detenta más poder. Madeleine Osterling se ha pronunciado sobre el tema y suscribo todo lo que ella ha señalado.

GyM ha iniciado una campaña de victimización y chantaje emocional, utilizando como argumento que se perderían más de 400 mil puestos de trabajo y se afectaría a 150 proyectos a nivel nacional.

Es bueno recordar que la norma en cuestión, que hoy incluye a GyM, es una norma de prevención y protección de las obras y de la reparación a favor del Estado.

GyM tendrá que pedir permiso para vender sus activos y se suspenderán sus transferencias al exterior, además de garantizarse la continuidad de las obras en las que esta empresa ha estado involucrada.

Esta situación puede afectar a los trabajadores de GyM, por lo que los $200 millones, recaudados en estos últimos meses por dicha compañía, fruto de la venta de sus activos, deberían servir para proteger e indemnizar a los trabajadores afectados. GyM no es la única empresa constructora y esta parece ser la oportunidad de competir para aquellas empresas honestas que se negaban a pagar coimas para ser favorecidas en los procesos de selección.

La posición de los consorciados con Odebrecht era indefendible y llamaba la atención que se mantuviesen con total impunidad. Estas son las responsabilidades que deben asumir accionistas y directivos de una empresa que se asoció con una de las empresas más corruptas del mundo.

tags