Si la casa del periodista Juan Carlos Tafur ha sido allanada por el Ministerio Público para despojarlo de computadoras y teléfonos celulares solo por los argumentos mostrados hasta el momento, en que se afirma que el hombre de prensa se ha reunido con determinadas personas que serían sus fuentes y que ha publicado un reportaje en el portal Sudaca cuestionando la labor de la fiscal Marita Barreto respecto al caso de la reclusa Sada Goray, nos encontraríamos ante una situación gravísima que atenta contra la libertad de expresión.
Si hay cosas que por el momento se desconocen respecto a las actividades del periodista, es otra cosa. Pero si nos guiamos por el texto del auto de allanamiento de la casa de Tafur realizado en la madrugada del martes último, vemos que no existe motivo alguno para tan aparatoso accionar de parte del Ministerio Público y la Diviac. ¿Desde cuando un periodista no puede reunirse con fuentes? ¿Ahora está prohibido cuestionar a un funcionario público como es un fiscal por más endiosado que esté o intocable que se crea?
Ningún periodista tiene corona ni está libre del brazo de la justicia si es que ha cometido un delito o es objeto de una investigación para determinar una eventual responsabilidad. Sin embargo, es inaceptable que ahora se persiga a hombres y mujeres de prensa por hacer su trabajo, que en parte consiste en poner luces sobre el trabajo de empleados del Estado, y más si son funcionarios dudosos como los del Ministerio Público que tienen mucha cámara y levantan fuegos artificiales, pero no logran condenas ni para corruptos confesos. ¿O sí?
La llamada operación Valkiria II está dejando un pésimo precedente respecto a la libertad de expresión en el Perú porque está dando por hecho que un fiscal no puede ser criticado en los medios por su labor, bajo pena de allanamiento de tu casa en horas de la madrugada. Esto no lo vimos ni en los tiempos en que Blanca Nélida Colán jugaba en pared con el mafioso de Vladimiro Montesinos. A la señora se le daba con palo, pero no recuerdo que a nadie se le haya intervenido la casa por opinar negativamente sobre ella.
Situaciones como estas, son las que desvirtúan más la lucha contra la corrupción que hace tiempo el Ministerio Público echó a perder por el mal trabajo de fiscales como Rafael Vela y Domingo Pérez, que han politizado y mediatizado una misión que debió ser impecable. Si Patricia Benavides no va a volver al cargo y va a ser condenada por los delitos que pueda haber cometido junto a la gente oscura de la que se rodeó, tendrá que ser, pero para llegar a esa determinación se debe seguir el debido proceso y no dejar espacio a las dudas y el sonido de alarmas, como sucede hasta ahora.