El caso policial-judicial protagonizado por Pedro David Pérez Miranda, más conocido como “Peter Ferrari”, es apenas la punta del iceberg de lo que es en realidad el “negocio” de la minería ilegal, la cual debe ser combatida a fondo por el Estado y por toda la sociedad, pues esta ilícita actividad mueve millones de dólares al tiempo que contamina y evade impuestos, viola derechos laborales y hasta genera explotación sexual infantil.

En ese sentido, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debe hacer pública su voluntad política de luchar contra esta lacra, especialmente en la zona de Madre de Dios, donde la Marina de Guerra y la Policía Nacional han recibido el encargo de combatir la presencia de dragas y demás equipos ilegales usados para la extracción de oro, como el que al parecer sacaba del país “Peter Ferrari”.

Lamentablemente, como en toda actividad ilícita que mueve mucho dinero, en esta lucha también son detectados elementos corruptos, como los marinos sorprendidos hace unos días cobrando cupos a personas dedicadas al tráfico de combustibles en la zona del río Inambari. Hay que destacar que fue su propia institución, a través de la Dirección de Capitanías y Guardacostas, la que hizo la denuncia y puso a disposición de la Fiscalía a los implicados. Es así como se debe actuar ante los que se ponen al margen de la ley.

“Peter Ferrari” y compañía existen precisamente porque tenemos la minería ilegal que vemos en Madre de Dios, en Puno, en Piura y en otras zonas. El Estado, con sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como con el Ministerio Público y el Poder Judicial, tiene que actuar con total firmeza, para lo cual el propio jefe de Estado tiene que asumir personalmente el liderazgo de esa lucha que hace mucho tiempo tuvo que ser ganada.