Guzmán y el equipo especial

En esta columna he sido muy crítico de Julio Guzmán casi desde que apareció en la política en 2016 bajo el manto protector del gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, tal como lo ha confirmado el entonces titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara. También por su pobre y patético desempeño como fugaz candidato presidencial, y por no haber aclarado jamás de qué vive y quién lo financia.

Guzmán me parece otro aventurero más de los que suele mostrar la política peruana, de aquellos que se lanzan con total irresponsabilidad a buscar el voto para gobernar el país sin saber dónde están parados y sin un equipo de peso y cohesionado. Ni qué decir de su escandalosa e indefendible huida en medio del incendio del departamento en que se encontraba en Miraflores, tras un almuerzo romántico a la luz de las velas.

Sin embargo, resulta tirado de los pelos que el Equipo Especial del Ministerio Público que encabeza el fiscal superior Rafael Vela Barba, le haya abierto una investigación por supuestamente haber recibido 400 mil dólares de los corruptores y sinvergüenzas de Odebrecht para su fallida campaña de 2016. Todo se basa en un dicho de alguien que no ha aportado prueba alguna, por lo que me parece una ligereza que podría tener dos efectos nocivos para el país.

El primero es victimizar a Guzmán y apuntalar a su candidatura electoral con miras al 2021, que está a la vuelta de la esquina. El segundo es que la tan necesaria lucha contra la corrupción, pueda verse debilitada y desprestigiada ante situaciones como estas que lindan con el abuso. Recordemos que en los últimos meses muchos de los pedidos de prisión preventiva del Equipo Especial se han caído en el Poder Judicial, y no necesariamente por la pandemia.

A la corrupción hay que combatirla con fuerza, pero de manera eficiente. No con ligereza, prepotencia, espectacularidad mediática, investigaciones sin sentido ni pedidos de prisión preventiva en lugar de construir casos sólidos de una vez, en busca de sentencias al menos en primera instancia. No olvidemos que ya han pasado casi cuatro años desde que Odebrecht admitió haber sobornado a diestra y siniestra para ganar licitaciones de obras públicas. Es bastante tiempo.