De acuerdo con nuestra Constitución, es función del Estado estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. En el 2013, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, se plantearon tres ejes para promover la industrialización del país: la eliminación de barreras burocráticas, la reconversión laboral y la atracción de la inversión. Entonces, tal como sucede ahora, el aporte de la actividad manufacturera peruana al PBI nacional se situaba en alrededor del 13%, mientras que en otros países llegaba hasta al 80%. La pregunta de cajón es: ¿porque con tantos recursos naturales, variados y ricos, el Perú no se ha industrializado? ¿Por qué hasta ahora, no hemos logrado generar productos con valor agregado que nos permita tener mayores ingresos y desarrollo a nivel nacional? Lo cierto es que el Perú carece de un marco legal favorable para generar una diversificación productiva que impulse la manufactura, la transformación de materia prima y la exportación de productos con valor agregado. Somos un país que, a pesar del impulso que otorgó la ley universitaria a favor de la promoción de la investigación en las universidades, aun no invierte decididamente en innovación. Nuestro presupuesto público sigue asignando menos de 1% para investigación y desarrollo.

En un escenario de post pandemia y ante el recurrente anuncio de una crisis alimentaria mundial, se hace más necesaria que nunca la discusión de una política de Estado a favor de la industria local, con el objetivo de abrir oportunidades de desarrollo tanto en los mercados internos como externos y éstas, deben centrarse básicamente en dos aspectos: primero, identificar qué barreras burocráticas u obstáculos están generándose, desde el Estado, que impidan la promoción de la industria transformadora en nuestro país y, segundo, flexibilizar el desarrollo e instalación de infraestructura necesaria para este fin. El Estado, como promotor de la industria, puede ayudarla a dar un impulso inicial pero, dejar que el riesgo y la responsabilidad sean asumidas por el sector privado, como ha ocurrido en los países desarrollados: Crear zonas “especiales” que sirvan para promover la creación de nuevos empleos y la captación de nuevas inversiones de capital que, a su vez, promuevan procesos industriales altamente productivos y competitivos. En el 2021, el costo de la corrupción en el país bordeaba los 25 mil millones de soles y el número de trámites para crear una empresa excedía los 74, versus los 3 o 4 que países como Finlandia o USA, requieren para echarse a andar. ¡¡Abramos nuestra mente, promovamos el verdadero desarrollo del país!!