¿Habrá cambios en el PJ?

Sin duda Lava Juez, como se le ha llamado a la crisis que han generado los audios protagonizados por miembros del Poder Judicial y algunos políticos, está acaparando la indignación de los medios de comunicación y de la población en general, la cual ha manifestado su repudio saliendo a marchar en Lima y varias ciudades del interior del país.

Lo paradójico de esto es que la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lograda gracias al Congreso de la República (a pedido del presidente Vizcarra), al igual que la renuncia del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se ha conseguido a pesar de la inconformidad de los destituidos, pues en la mayoría de los casos estas personas sentían que su salida no era justificada, pues ellos no habían hecho nada ilegal. La misma actitud mostró el recientemente nombrado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a pesar de los audios en los que aparece y la ajustada votación con la que se decidió su designación (con su propio voto a favor de sí mismo). Es claro entonces que si bien la presión de la prensa y de la misma población en las calles está empujando a la reforma de Poder Judicial, este se resiste con todo lo que puede a los cambios.

No cabe duda de que el Poder Legislativo será pieza fundamental para esta reforma. Lo preocupante es la aparición de audios en los que se involucra a líderes políticos y congresistas, como la misteriosa señora K, Héctor Becerril, Mauricio Mulder, entre otros, la mayoría de ellos pertenecientes al APRA y Fuerza Popular, quienes, como era de esperar, han lanzado airosos pronunciamientos negando categóricamente cualquier vínculo con los miembros del Poder Judicial implicados en Lava Juez. Por otro lado, resulta un gesto poco afortunado contar con la presencia del presidente del Congreso, Luis Galarreta, en la juramentación de Pedro Chávarry, nuevo fiscal de la Nación, después de todos los pedidos para que esperara la debida investigación antes de ocupar el cargo.

Esperemos que estas fuerzas políticas sean igual de enfáticas y decididas al momento de enfrentar las modificaciones legislativas que se requieren para lograr los cambios y de sancionar a los miembros implicados en estos hechos ilícitos. De no hacerlo, será evidente para todos que existe una colusión entre ambos, lo que indudablemente les generará un costo político muy alto frente a toda la población.