Opinión

Hace cinco años

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

09 de Abril del 2018 - 07:30 IVÁN SLOCOVICH PARDO

Mientras la situación judicial de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán se complica tras el allanamiento a dos de sus propiedades, al mismo tiempo que a la vivienda de José Miguel Castro, quien fuera gerente municipal durante su gestión, habría que preguntarse qué dicen ahora los antiguos escuderos de la cuestionada burgomaestre, quien llegó a ser autoridad y más tarde salvarse de la vacancia apelando a la honestidad y la limpieza en la gestión pública.

Recordemos que a fines del 2012 e inicios del 2013, cuando se dio el proceso de revocatoria contra Villarán, se acusó a quienes estaban a favor de la salida legal de la alcaldesa, debido a su deficiente gestión, de ser prácticamente unos corruptos y delincuentes, mientras la alcaldesa y sus colaboradores, con los brazos cruzados y bajo los millonarios paneles publicitarios que inundaron Lima, representaban la decencia y la honradez. ¿Harán hoy un mea culpa?

Es extraño no ver a los amigos de Villarán sacando cara por ella, como lo hicieron hace más de cinco años, pese a que desde ese momento nadie se explicaba de dónde habían sacado la plata para pagarle al carísimo asesor Luis Favre y para financiar la millonaria campaña destinada a evitar la vacancia. ¿Ninguno de los “honestos” que rodeaba a la señora se dio cuenta de que la plata flotaba en el ambiente? ¿Nadie tuvo la curiosidad de preguntar de dónde salía tanto billete?

Bueno, hoy, según confesión del corruptor Jorge Barata, se sabe que la plata salió de la caja de las coimas de Odebrecht, en momentos en que la señora Villarán era una autoridad pública y no una simple candidata. A propósito de todo esto, sería bueno preguntar qué es de la vida de Anel Townsend, quien, según todos recordamos, fue la jefa de la campaña por el “No”, en aquellos tiempos felices en que podían promocionarse como “honestos” luchando contra “corruptos”.

Tengo dudas de que los allanamientos llevados a cabo días atrás por la Fiscalía puedan servir para avanzar en las investigaciones por los $3 millones “aportados” por Odebrecht, pero lo que queda claro es que la justicia tiene que actuar con prontitud, mientras que los amigos de Villarán deberían admitir que se equivocaron al defenderla y acusar a otros que apelaron a la legal revocatoria para mandar a su casa a una autoridad que no pudo hacer ni un malecón en una playa.

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